Establecer las políticas de operación y los procedimientos administrativos a los que deberán sujetarse las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para asegurar las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y para garantizar el ejercicio transparente de los recursos financieros que se destinan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León.