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PGJ

Procuraduría General de Justicia

La Procuraduría General de Justicia del Estado dejó de ser una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado el 9 de marzo de 2018, pues al día siguiente entró en vigor de manera íntegra el Decreto número 314, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Así, desde el 10 de marzo de 2018 el Estado de Nuevo León cuenta con un organismo autónomo denominado Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (www.fiscalianl.gob.mx), el cual ejerce las funciones constitucionales del Ministerio Público, en términos de lo establecido en los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
dependencias

Procuraduría General de Justicia

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Acerca de esta dependencia

Misión 
Procurar Justicia para la sociedad con apego a los principios de legalidad y valores del servicio público, dirigiendo la investigación de los delitos, brindando la debida atención y protección a las víctimas y realizando las acciones necesarias para que los responsables de los delitos sean sancionados.
Visión 
Ser una Institución integrada por servidores públicos capacitados y altamente comprometidos con la sociedad, que se distinga por sus valores, procesos y tecnología, logrando que el ciudadano tenga plena certeza de que sus intereses estarán representados conforme a derecho y siempre en busca de la justicia. C-PGJ-01 05/02/15
Responsabilidades 

La Procuraduría General de Justicia del Estado es una institución encargada de la investigación de los hechos delictivos y de la persecución de los probables responsables de los mismos, de vigilar la exacta observancia de las leyes. Intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial protección y en general velar por una eficaz y expedita procuración de justicia dentro del marco de su competencia.

Funcionarios y puestos

Responsabilidades del puesto 

Procurar justicia a la sociedad nuevoleonesa, brindar protección y apoyo a víctimas y ofendidos de delitos. Vigilar el cumplimiento de los principios de legalidad y valores del servicio público dirigiendo las investigaciones de los actos delictivos para garantizar los plenos derechos a la ciudadanía. Establecer lazos y convenios con organismos civiles e instituciones públicas o privadas a fin de mejorar la procuración de justicia.